Realidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Ante el entorno de crisis económica en el que nos encontramos, es esencial toda medida dedicada a la racionalización y sostenibilidad, con el objetivo de prescindir de aquellos gastos que no se consideran vitales y destinar los recursos económicos para aquéllos aferes imprescindibles. 

Tal y como se establece en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (en adelante LRSAL) su finalidad es adaptar la normativa a la reforma del artículo 135 de la Constitución, así como aplicar los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Por tanto, proclama la estabilidad presupuestaria como norma de conducta para toda Entidad Local. 

En virtud de su Preámbulo, se persiguen los siguientes objetivos: 

(i) clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”, 

(ii) racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 

(iii) garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y,

(iv) favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. 

Ahora bien, tras su análisis se puede deducir que dos de los principales objetivos son:

(i) la disminución del gasto público local  

(ii) el aumento del control a los Ayuntamientos y Entidades locales. 

Por ello, que la necesidad de la LRSAL surge de la desconfianza en la actuación y gestión de determinados entes locales, dando así razón de ser al aumento de control y a la recuperación de competencias por parte del Estado.

Es cierto que se requiere una normativa de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sin embargo aprobar una normativa bajo un panorama de crisis y sustentarla en motivos principalmente económicos puede desencadenar en un auténtico fracaso. 

La realidad de esta normativa se sustenta en la mala gestión de los recursos por parte de algunos Ayuntamientos, otorgando como respuesta la transformación de su organización y actividad, disminuyendo así su autonomía local.

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