El Blog de Gerard Garcia-Gassull



El pasado 4 de septiembre finalizó el plazo para darse de alta en el registro de asesores del
Registro Mercantil ; el gobierno ha prorrogado hasta el 31 de Diciembre del 2019 el plazo
para aquellas personas físicas que vinieran prestando los servicios indicados en el
ejercicio 2019 o con anterioridad”.

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, que modificó la disposición adicional de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo (LPBC), regulando el "Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos”, debido a la transposición de la Directiva Europea 2015/849 a nuestro
Ordenamiento jurídico, ya establecía en 2018 esta obligación, ampliándose ahora mediante
esta modificación, tanto las obligaciones de inscripción en el Registro Mercantil de
determinados sujetos - entre ellos, determinados profesionales como abogados y asesores de
empresa -, así como las obligaciones formales de información de determinadas personas
físicas y jurídicas.

Además de las personas incluidas en el artículo 16 del Código de Comercio, están
obligados a inscribirse en dicho Registro las personas físicas o jurídicas que de forma
empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o)
de la LPBC:

  • Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
  • Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
  • Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado  de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el
Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza
dichas funciones.
Adjunto el enlace a la web del Registro Mercantil de Madrid con la información que en la
misma aparece, entre otra la siguiente:

La disposición adicional única de la ley 10/2010 de 28 de abril, en la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, establece la obligación de inscripción en el
Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que presten todos o alguno de los
servicios descritos en el artículo 2.1. o) de dicha Ley.

Según esa Web para el caso de Personas físicas profesionales:

Actualmente está pendiente de publicación la Orden Ministerial (disposición adicional única de
la Ley 10/2010) que desarrolla la inscripción de los profesionales; no se ha aprobado el
procedimiento de inscripción de dichos profesionales en el Registro de Prestadores, ni sus
correspondientes modelos; hasta ese momento se puede descargar la siguiente instancia
aquí.

Para todas las opciones, hay que generar un fichero PDF con cualquiera de las instancias
anteriores, que debe ir firmado electrónicamente, con un certificado digital reconocido por la
persona que ostenta la facultad de certificar.

Respecto a las sanciones por falta de inscripción o de adaptación a la norma: tanto la falta de
inscripción como la falta de adaptación tienen la consideración de infracción leve que conlleva
sanciones de amonestación privada o de multa por importe de hasta 60.000 euros. El
procedimiento sancionador será el establecido en la propia Ley.

Es importante reflexionar sobre dos cuestiones:
  1. Algunos sectores ponen en duda la idoneidad del Registro Mercantil para el cumplimiento de la labor de recopilar dicha información alegando que su labor principal es la de dar publicidad a ciertos actos corporativos, siendo ésta, información pública; si bien se pudiera dar el caso de recopilar dicha información para facilitar la labor de las autoridades frente a supuestos que pudieran comportar una infracción de la prevención del blanqueo de capitales, para algunos, quizás pudiera parecer más idóneo el uso del Colegio de Notarios para dar confidencialidad a este registro.
  2. Actualmente, el Gobierno aún no ha aprobado un modelo de declaración (mediante Orden Ministerial), por lo que cada Registro Mercantil aprobó un modelo de comunicación, algo que podría llegar a generar confusión.
El Gobierno optó por extender el plazo de declaración al 31 de diciembre, esto puede suponer
que las declaraciones que hayan podido presentar los obligados hasta la fecha, sean
insuficientes, pues se confía que para entonces ya hayan aprobado el modelo oficial de
comunicación.



La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva. Establece normas de cooperación e intercambio de información entre los Estados miembros que afectan a los asesores fiscales en virtud de su papel de intermediario en estas operaciones. 

Una vez más, el objetivo es evitar que la movilidad de transacciones y de sujetos pasivos sea el refugio para la evasión de impuestos y el fraude discal. Por ello, se refuerza el intercambio de información en materia fiscal.

Existe incertidumbre sobre si podría darse una vulneración del secreto profesional y hasta qué punto debe el asesor fiscal informar a las Autoridades sobre las acciones de sus clientes. La Directiva dispone que cada Estado miembro eximirá a los intermediarios del deber de información siempre y cuando exista normativa específica referente al secreto profesional, como es el caso de España.

Pues bien, el Anteproyecto de Ley de transposición de la citada directiva, da algo de luz al asunto y serena a los asesores fiscales, entre otros profesionales. 

Así, el Anteproyecto sigue lo dispuesto por la Ley General Tributaria en su artículo 93.5. Considera titular del deber de secreto profesional al intermediario que opere con obligados tributarios que desarrollen mecanismos transfronterizos con respecto a aquellos datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar de su cliente. 

El secreto profesional también ampara aquellos datos confidenciales que hayan sido obtenidos por motivo de la prestación del servicio de asesoramiento. 

Por tanto, hasta día de hoy, los asesores fiscales no deberán renunciar al secreto profesional y no tienen obligación de denunciar los fraudes de sus clientes en operaciones transfronterizas.

Tendremos que esperar a la transposición definitiva de la Directiva para saber con certeza los límites del secreto profesional.




Sanciones fiscales discriminatorias y desproporcionadas para el incumplimiento de declaración de activos en el extranjero

Tal y como se informa en el comunicado de prensa de la Comisión Europea del pasado 6 de junio, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles que incumplen con la obligación de notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE).

En España, debe comunicarse a Hacienda, a través del modelo 720, aquellos activos mantenidos en el extranjero, es decir, notificar las propiedades, activos financieros y cuentas bancarias extranjeras.

Como antecedentes, cabe destacar que la Comisión Europea elaboró un dictamen motivado el 15 de febrero de 2017 solicitando a España la modificación de la normativa relativa a los activos mantenidos en otros Estados Miembros de la UE o del EEE.

Se considera que la obligación de declarar los activos que se mantienen en el extranjero es adecuada, sin embargo, las sanciones impuestas en los casos de incumplir con dicha notificación fueron consideradas desproporcionadas en el dictamen. Como consecuencia, estas sanciones pueden suponer un desánimo para las empresas que pretenden invertir en el mercado único de Europa. Por todo ello, la Comisión solicitó a España que diera una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses y advirtió que en caso contrario acudirían al TJUE para reclamar ante esta regulación que consideran discriminatoria.

La Comisión alega la incongruencia si comparamos estas multas con las sanciones que son aplicables en el contexto nacional, afirmando que  "la no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional".

En ocasiones, las multas pueden ser más elevadas que el propio valor del activo extranjero, debido a esta desproporcionalidad y a que España no ha hecho nada por revertir la situación, la Comisión ha decidido resolver el asunto ante el TJUE. 








La Directiva Europea 2018/822 del Consejo con fecha de 25 de mayo de 2018 (en adelante “La Directiva”), tiene como objetivo reforzar la transparencia en el ámbito fiscal. Dando así más medios e información a las autoridades tributarias para poder avanzar en la prevención de estructuras de planificación fiscal agresiva y disuadir la creación de este tipo de estructuras.

Las últimas Directivas europeas han seguido esta línea de refuerzo de la transparencia, estableciendo la obligación de intercambio automático de información; pues bien, La Directiva en cuestión va un paso más allá, siendo de gran utilidad en la lucha contra el Blanqueo de Capitales

La Directiva, dispone la obligación de información a las Autoridades Tributarias de los estados miembros de la Unión Europea en materia de mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva, tal y como recomienda el plan BEPS  en su acción número 12. Así mismo, se establece un gran avance como es la obligación de intercambio de información sobre cuentas financieras.

Se fija como fecha límite para su transposición al ordenamiento español el 31 de diciembre de 2019. Cuyas disposiciones aplicarán a partir del 1 de julio de 2020.

La obligación de comunicar información se impone a todos los agentes que participen en la concepción, la comercialización, la organización o la gestión de la ejecución de una transacción transfronteriza sujeta a comunicación de información. Además se incluyen aquellos que presten asistencia o asesoramiento. 

Cabe apuntar que en los supuestos dónde el intermediario no esté sujeto a la obligación de comunicar información dada la necesidad de velar por el secreto profesional, o bien en los casos donde no exista intermediario, para que las autoridades tributarias no dejen de recopilar la información fiscal será el propio contribuyente beneficiado por el mecanismo transfronterizo el que adquiera la obligación de informar. 

El plazo para reportar la información a las Autoridades Tributarias es de 30 días a partir de que:

i. El mecanismo transfronterizo se pone a disposición para ser ejecutado 
ii. El mecanismo es ejecutable
iii. O bien,  pasados 30 días desde que se haya realizado la primera fase de ejecución del mecanismo

En La Directiva se categorizan una serie de indicadores de riesgo. Se define el concepto de “seña distintiva” como la característica o particularidad de un mecanismo transfronterizo que supone una indicación de un riesgo potencial de elusión fiscal.

En definitiva, establece ante que riesgos nace la obligación de reportar cuando se determine la existencia de la “prueba de beneficio principal”. Se entiende que el “criterio del beneficio principal” se da en aquellos casos donde pueda determinarse que el beneficio principal o uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un determinado mecanismo sea la obtención de un beneficio fiscal.

Teniendo presente que las estructuras de planificación fiscal agresiva normalmente abarcan más de una jurisdicción, la transparencia y la interconexión de las Autoridades Tributarias de los Estados Miembros es crucial para evitar la evasión fiscal y el Blanqueo de Capitales.