El Blog de Gerard Garcia-Gassull

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El pasado 4 de septiembre finalizó el plazo para darse de alta en el registro de asesores del
Registro Mercantil ; el gobierno ha prorrogado hasta el 31 de Diciembre del 2019 el plazo
para aquellas personas físicas que vinieran prestando los servicios indicados en el
ejercicio 2019 o con anterioridad”.

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, que modificó la disposición adicional de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo (LPBC), regulando el "Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos”, debido a la transposición de la Directiva Europea 2015/849 a nuestro
Ordenamiento jurídico, ya establecía en 2018 esta obligación, ampliándose ahora mediante
esta modificación, tanto las obligaciones de inscripción en el Registro Mercantil de
determinados sujetos - entre ellos, determinados profesionales como abogados y asesores de
empresa -, así como las obligaciones formales de información de determinadas personas
físicas y jurídicas.

Además de las personas incluidas en el artículo 16 del Código de Comercio, están
obligados a inscribirse en dicho Registro las personas físicas o jurídicas que de forma
empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o)
de la LPBC:

  • Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
  • Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
  • Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado  de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el
Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza
dichas funciones.
Adjunto el enlace a la web del Registro Mercantil de Madrid con la información que en la
misma aparece, entre otra la siguiente:

La disposición adicional única de la ley 10/2010 de 28 de abril, en la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, establece la obligación de inscripción en el
Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que presten todos o alguno de los
servicios descritos en el artículo 2.1. o) de dicha Ley.

Según esa Web para el caso de Personas físicas profesionales:

Actualmente está pendiente de publicación la Orden Ministerial (disposición adicional única de
la Ley 10/2010) que desarrolla la inscripción de los profesionales; no se ha aprobado el
procedimiento de inscripción de dichos profesionales en el Registro de Prestadores, ni sus
correspondientes modelos; hasta ese momento se puede descargar la siguiente instancia
aquí.

Para todas las opciones, hay que generar un fichero PDF con cualquiera de las instancias
anteriores, que debe ir firmado electrónicamente, con un certificado digital reconocido por la
persona que ostenta la facultad de certificar.

Respecto a las sanciones por falta de inscripción o de adaptación a la norma: tanto la falta de
inscripción como la falta de adaptación tienen la consideración de infracción leve que conlleva
sanciones de amonestación privada o de multa por importe de hasta 60.000 euros. El
procedimiento sancionador será el establecido en la propia Ley.

Es importante reflexionar sobre dos cuestiones:
  1. Algunos sectores ponen en duda la idoneidad del Registro Mercantil para el cumplimiento de la labor de recopilar dicha información alegando que su labor principal es la de dar publicidad a ciertos actos corporativos, siendo ésta, información pública; si bien se pudiera dar el caso de recopilar dicha información para facilitar la labor de las autoridades frente a supuestos que pudieran comportar una infracción de la prevención del blanqueo de capitales, para algunos, quizás pudiera parecer más idóneo el uso del Colegio de Notarios para dar confidencialidad a este registro.
  2. Actualmente, el Gobierno aún no ha aprobado un modelo de declaración (mediante Orden Ministerial), por lo que cada Registro Mercantil aprobó un modelo de comunicación, algo que podría llegar a generar confusión.
El Gobierno optó por extender el plazo de declaración al 31 de diciembre, esto puede suponer
que las declaraciones que hayan podido presentar los obligados hasta la fecha, sean
insuficientes, pues se confía que para entonces ya hayan aprobado el modelo oficial de
comunicación.


Como ya he comentado en otros artículos del Blog el mundo se está convirtiendo en un lugar sin confidencialidad, lo cual está bien porque nos obliga a todos y cada uno de nosotros a medir nuestros actos bajo el prisma de la observación ajena, principalmente la observación de nuestras autoridades tributarias. 

Confío que hayáis tenido la oportunidad de leer los artículos referentes al FATCA y al CRS (GATCA) por lo que me evito volver a comentar nada sobre estas colaboraciones internacionales. 

Lo que deseo explicar es que todo este proceso se está precipitando a una velocidad de vértigo y que el calendario al que me refería en esos artículos puede llegar a cumplirse antes de hora. 

En ese sentido os comento que las autoridades fiscales españolas han solicitado de las suizas (y éstas se lo han concedido) que Union Bancaire Suisse (UBS) se vea obligada a facilitar los datos de las cuentas abiertas por ciudadanos españoles en dicho banco durante los años 2012 a 2015. 

Esta solicitud se basa en el artículo sobre colaboración entre autoridades fiscales que incorpora el Convenio con Suiza desde hace unos 10 años. Antes, en el viejo Convenio, la cláusula de intercambio de información no se contenía, pero a raíz de una petición de mejora propuesta por los suizos hará unos 15 años, las autoridades españolas aprovecharon el momento y consiguieron la inclusión de esta colaboración. 

El origen de esta colaboración específica que afecta a UBS se debe a una petición idéntica presentada por los holandeses hace unos meses y que UBS rechazó. Los holandeses se dirigieron a la Corte y consiguieron una resolución favorable. 

| Después de la petición exitosa de Holanda vino la de Francia, con igual resultado, y finalmente la de España |

La cuestión puede no detenerse en estos países y puede no limitarse a UBS. En Suiza existen unos 100 bancos pero una decena de ellos serían los de más interés para las autoridades fiscales.

Otros países pueden tenerlo más complicado que España ya que su Convenio Fiscal incluye una lista de condiciones y requisitos a cumplir para conseguir la colaboración (véase el punto 11 del Protocolo al Convenio Fiscal de Suiza con México).


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Transparencia bancaria internacional: FATCA y GATCA

Intercambio automático de información: FATCA

GATCA “Automatic Exchange of information”





¿Conoces las leyes FACTA y GATCA? Te lo contamos en nuestro nuevo post
Siguiendo la línea de la normativa internacional comentada en artículos anteriores sobre FATCA y el Plan BEPS, el objeto de este escrito es sintetizar la normativa GATCA que ha sido promovida por la OCDE. Estas tres medidas de carácter internacional tienen un objetivo claro y es apostar por la transparencia fiscal internacional, aspirando a que los contribuyentes paguen sus impuestos en la jurisdicción pertinente. 

Esta normativa conocida coloquialmente como GATCA, realmente se denomina “Automatic Exchange of information” y podemos afirmar que a partir de 2017 va a suponer un cambio importante en cuanto a la transparencia fiscal y bancaria a nivel mundial. El intercambio automático de información implica la transmisión sistemática y de forma periódica de la información sobre las rentas de los contribuyentes, los datos deben ser transmitidos por el país donde se ubica el ingreso al país de residencia de dicho contribuyente.






En el presente artículo abordaremos la importancia del Plan sobre la Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido como el Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), en el contexto de la tributación internacional. Del mismo modo que FATCA, dentro de este marco internacional, la vocación del Plan BEPS es que las compañías tributen y paguen sus impuestos en la jurisdicción pertinente.

Actualmente nos encontramos ante un panorama económico globalizado, el aumento significativo de la integración económica y el libre movimiento de capitales ha beneficiado directamente a las economías nacionales, contribuyendo al crecimiento, al fomento del trabajo, a la innovación y al desarrollo de la economía. No obstante, la deficiente interacción de los sistemas de los distintos países, que provoca por ejemplo los casos de doble imposición y los de doble exención, va en contra del crecimiento y de la prosperidad económica, por ello es necesario establecer un procedimiento para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios.



El Plan BEPS nace en 2013 impulsado por el G-20 y la OCDE con el fin de coordinar la integración del sistema tributario, centrándose en la tributación de las compañías multinacionales, es decir, en aquellas que operan de forma internacional y que residen en diferentes países, con la pretensión de que dichas compañías tributen de acuerdo con el valor añadido realmente generado en cada jurisdicción. Los principales objetivos que pretende cumplir el Plan son (i) eliminar la doble exención de la tributación debida a la incongruencia y a la existencia de lagunas en los sistemas tributarios, (ii) diseñar nuevos estándares internacionales para asegurar la coherencia del Impuesto sobre Sociedades a nivel internacional y (iii) realinear la imposición para adaptarla a la imparable evolución de los modelos empresariales y de las nuevas tecnologías, para ello, propone la consecución de las 15 acciones siguientes:


FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extrajeras, promulgada en Estados Unidos en 2010 para evitar que los ciudadanos estadounidenses que operen con cuentas financieras en el extranjero evadan el pago de los impuestos pertinentes. Para ello, es necesario identificar a los sujetos obligados al pago de impuestos que poseen activos fuera de EEUU y, por tanto, conlleva que las entidades financieras compartan información sobre las cuentas y depósitos de los que sean titulares tanto los ciudadanos estadounidenses como las compañías que deban tributar.