Familias que pierden su vivienda

Es imprescindible establecer mecanismos para evitar que más familias pierdan sus viviendas y se encuentren desamparadas. Cumpliendo por tanto con el objeto de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que indica en su artículo 1 el propósito de que toda persona tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, se trata de un derecho constitucional que hemos visto truncado en miles de ocasiones.

Para encontrar una solución de forma inmediata, deben tenerse en cuenta diversos factores y dificultades de las familias, dando soluciones concretas para problemas concretos. En estos últimos tiempos hemos oído diversas propuestas, algunas que parecen ser factibles y otras que son totalmente inviables.

Empezando por una medida inviable, me atrevo a analizar las consecuencias de paralizar todo desahucio sin establecer otras vías. Es evidente que el principal propósito, por no decir el único, de un banco al conceder un préstamo es el del recuperar el capital prestado y los rendimientos correspondientes por el tiempo del préstamo (el interés). Con el cumplimiento de este propósito, el banco puede mantener su actividad económica y continuar concediendo préstamos.

El rechazo a la ejecución hipotecaria es la renuncia a que los bancos continúen concediendo préstamos y aceptando como garantía una vivienda. Por ello, si las viviendas no serán aceptadas como garantía hipotecaria, ante la imposibilidad de ejecución por impago, el valor hipotecario de las viviendas será cero. Entonces, los ciudadanos no podremos acceder al crédito cuando lo único que podamos ofrecer como garantía sea la propia vivienda. Por este motivo, la banca se siente incómoda al encontrarse en un terreno de incertidumbre.

Desde mi perspectiva, las medidas deben enfocarse hacia otra dirección, se deben establecer mecanismos que permitan el acceso a viviendas de alquiler social para estas familias, con un precio marcado y adaptado a las circunstancias reales de las personas. Esta medida parece ser más viable que la anterior, además, impulsar el mercado de alquiler debería reducir en gran medida el número de viviendas que se encuentran vacías. 

Las medidas propuestas en el programa político de “Barcelona en Comú” están enfocadas a la prevención de los desahucios, a la promoción del alquiler social, a la posible aplicación del derecho de tanteo y retracto,  al apoyo, atención y seguimiento a los caseros particulares afectados por impagos de alquiler y en última instancia, al realojo adecuado, en caso de no poder detener el desahucio. Todo indica que se va a proclamar como Alcaldesa a Ada Colau, entonces será el momento de comprobar cómo se aplican estas medidas y de valorar su efectividad.

Por ahora, la evidencia está en la gran capacidad que tienen los Ayuntamientos para respaldar a estas familias que pasan por situaciones inhumanas, deberían actuar de intermediarios en estas situaciones para conseguir mediar con el banco buscando soluciones como pueden ser la renegociación de la deuda.