Si habías quedado en compartir un décimo de lotería y después decides quedarte con el premio, estás cometiendo un delito de apropiación indebida. 

Así ha sido establecido en Sentencias como la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 219/2007 (Sala de lo Penal) de 9 de marzo y en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 119/2016 de 22 de febrero, entre otras. 

¿Quiénes cometen el delito de apropiación indebida?

Aquellos que en perjuicio de otro, se apropien para sí mismos o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hayan recibido en depósito, comisión, custodia, o bien, que les hubieran sido confiados en virtud de otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. Así mismo, también será cometido por aquéllos que nieguen haber recibido dichos bienes.

Podemos observar que lo que se pretende proteger es el patrimonio, es decir, la propiedad de un tercero, además a través de la comisión de este delito se está quebrantando el principio de confianza que debe presidir toda relación contractual. 

| Es requisito indispensable que se posea el décimo de lotería de forma legítima |

El poseedor del décimo de lotería que no quiere compartir el premio se excede de las facultades que le han sido otorgadas e incumple la obligación de gestionar la entrega del premio, por ello, su posesión se convierte en ilegítima. 

Se exige ánimo de lucro, es decir, consciencia de la posesión ilegítima y voluntad de incrementar su propio patrimonio. 

¿Hay pena de cárcel para este delito?

Se establecen las mismas penas que para el delito de estafa, imponiendo una pena de prisión de 6 meses a 3 años; dado que ya no existen las faltas en el Código Penal, cuando la cuantía no supere los 400 € la pena que corresponde es la de multa de 1 a 3 meses.

Cuando un empleado se apropia de determinada información de una empresa puede estar cometiendo un delito si finalmente la desvela, castigado además con pena de prisión.

Difundir, revelar o ceder secretos de empresa, por parte de un empleado que tenga obligación de guardar reserva, se castiga con pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. 

Mediante la regulación de este delito se procura preservar el orden socioeconómico, es decir, aboga por un buen funcionamiento del mercado y del tráfico económico, catalogado como un interés general y colectivo que está por encima de los derechos económicos e intereses individuales. Así mismo, se protege la competencia leal entre compañías, procurando garantizar la confidencia del secreto empresarial.

La protección comprende la difusión no autorizada de información confidencial de la Compañía. Por ejemplo, se considera de especial relevancia la información empresarial relativa a su actividad, sus planes de estrategia de empresa, base de datos de clientes, precios y márgenes, información sobre procesos, etc. Hace referencia a información valiosa para la Compañía, exclusiva y de valor económico, que define y afecta directamente a su plan estratégico, organizativo, comercial o técnico. 

En ocasiones, los empleados que tienen acceso a este tipo de información confidencial, y que por ejemplo la comentan en sus círculos cercanos, desconocen que están cometiendo un delito de tal magnitud y por tanto, las consecuencias que esto acarrea. Puede ser efectivo informar a los empleados de que la información vital de la Compañía queda amparada por nuestro Código Penal, la Ley protege esta información de tipo confidencial y que el supuesto de sustraerla, difundirla, utilizarla o modificarla puede suponer la comisión de un delito de revelación de secretos. Tienen el deber legal de custodiar la información de carácter confidencial, el secreto empresarial. 

Se trata de un delito que puede ser cometido por aquéllas personas que tengan deber especial de reserva. Además de los empleados la propia empresa y de los empleados de aquéllas otras empresas con las que colaboren y debido a ello, estén al corriente de la información confidencial, el delito en cuestión puede ser cometido por administradores y socios a los cuáles se les exige, por Ley, confidencia en todo caso. 

Cabe añadir, que se dispone un atenuante de la pena establecida de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, para el caso de que el secreto tan solo se utilice en provecho propio, beneficiándose solo a sí mismo. No se da en este caso un tipo de competencia ilícita, por el contrario si podemos observar este tipo de “mala competencia” en los casos en que el empleado desvela los secretos a otra Compañía, en beneficio de esta y concluyendo el acto en un funcionamiento del mercado económico deficiente. 

En la pasada reforma de 2015 mediante la cual se modifica el Código Penal de 1995, se realiza una profunda transformación del delito de apropiación indebida, diferenciándola ahora de la administración desleal. 

En primer lugar, deja de estar regulado dentro del Capítulo dedicado a los delitos societarios (queda suprimido el artículo 295 CP) y pasa a regularse en el artículo 253 y 254 CP, dentro del capítulo denominado “De las defraudaciones”.

Por ello, pasa a considerarse como un delito contra el patrimonio en general, no solo contra el patrimonio de una sociedad.

Cometen el delito de apropiación indebida los que en perjuicio de otro, se apropien para sí mismos o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hayan recibido en depósito, comisión, custodia, o bien, que les hubieran sido confiados en virtud de otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. Así mismo, también será cometido por aquéllos que nieguen haber recibido dichos bienes.

Podemos observar que lo que se pretende proteger es el patrimonio, es decir, la propiedad de un tercero, además a través de la comisión de este delito se está quebrantando el principio de confianza que debe presidir toda relación contractual.

En virtud de la regulación establecida, para la comisión de este delito es necesario que en un primer momento se posea el bien de forma legítima sin embargo, el autor del delito se excede de las facultades que le han sido otorgadas y entonces incumple con su obligación de devolver o entregar el bien, y por ello, su posesión se convierte en ilegítima. 

Se exige que el delincuente tenga ánimo de lucro, siendo consciente de la posesión ilegítima y teniendo la voluntad de incrementar a su propio patrimonio. 

En cuanto a la pena, se establecen las mismas penas que para el delito de estafa, imponiendo una pena de prisión de 6 meses a 3 años; dado que ya no existen las faltas en el Código Penal, cuando la cuantía no supere los 400 € la pena que corresponde es la de multa de 1 a 3 meses.

¿Qué ocurre si me quedo con un objeto perdido? 

Se trata de los casos en los que alguien se apropia de un objeto que encuentra casualmente y por tanto, no le ha sido confiado para su depósito como en el caso anterior, no hay deber de custodia. Este tipo de supuestos, que podemos considerar de menor gravedad, se castigan con una pena de multa, de 3 a 6 meses, a no ser que se trate de objetos con valor artístico, histórico, cultural o científico que se impone pena de prisión (de 6 meses a 2 años). Si el valor del objeto que se encuentra no excede de los 400€, se impone pena de multa inferior, de 1 a 2 meses.

A través de la modificación del Código Penal de 1995, que entró en vigor el pasado mes de julio de 2015 queda reformado el articulado referente a la administración desleal y el objeto de este artículo es plasmar su regulación actual. 

Se ha creado una regulación común del delito de administración desleal, incluyendo dicho delito en el artículo 252 CP, dentro del Capítulo dedicado a las Defraudaciones y suprimiendo el antiguo artículo 295 CP. La administración desleal de un patrimonio ha dejado de considerarse como un delito societario.

Se castiga a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. 

Cabe remarcar que a través de la nueva regulación se reducen los sujetos pasivos perjudicados por el delito de administración desleal, dado que actualmente solo queda protegido el titular del patrimonio que se administra. Por tanto, se persigue la protección del patrimonio de un individuo o de una sociedad cuya administración ha sido encomendada a otro sujeto, puede cometerse la administración desleal siempre cuando se esté administrando cualquier tipo de patrimonio. 

La administración de un patrimonio debe realizarse de forma leal y transparente, cumpliendo con las garantías establecidas y respetando ante todo las limitaciones de disposición sobre los bienes. 

En virtud de la regulación actual, no se exige ánimo de lucro ni que se actúe con el objetivo de conseguir un beneficio propio o para un tercero, si no que se penaliza el abuso de las facultades procuradas al administrador, cuando este realiza actividades u operaciones para las cuales no ha sido autorizado. En este supuesto estaría infringiendo el principio de lealtad, infringiendo además su deber de velar por los intereses del patrimonio encomendado para su administración.

La reforma del Código Penal endurece las penas del delito de administración desleal, de castiga con las mismas penas dispuestas para el delito de estafa en los artículos 249 y 250 del Código Penal, aplicando generalmente una pena de prisión de 6 meses a 3 años; y para el caso de que cuantía no supere los 400 € la pena que corresponde es la de multa de 1 a 3 meses.

El término “prevaricación” procede del latín, su significado corresponde a andar de forma torcida o desviarse del camino recto.

Nos encontramos ante un caso de prevaricación judicial cuando un Juez o Magistrado dicta una resolución de forma arbitraria, siendo consciente de la injusticia de ésta. A través de la comisión de este delito se menoscaba el buen funcionamiento de la Administración Pública, ya que se está cometiendo por parte del funcionario público un abuso de poder en el ejercicio de su cargo, valiéndose de sus competencias y prerrogativas para cometer un delito.

Para la comisión de este ilícito penal es necesario que nos encontremos ante una resolución injusta, produciéndose una aplicación del derecho inaceptable. Además, debe realizarse a sabiendas, es decir, siendo el Juez o Magistrado consciente totalmente de que a través de la resolución concreta se están aplicando interpretaciones inadmisibles en Derecho, siendo conocedor de que la resolución se aparta totalmente de la legalidad y omitiendo aquéllas fuentes, interpretaciones y pronunciamientos válidos y admisibles. 

Podemos discernir entre las penas que se imponen para el tipo de prevaricación judicial dolosa y las impuestas para la prevaricación judicial culposa. La principal diferencia entre ambas es que para la primera, de tipo doloso, se exige que en la resolución se dé una injusticia con absoluta notoriedad; y en el segundo caso, se exige que sea manifiestamente injusta, casos en los que el error es inexcusable y se hubiera evitado si el Juez o Magistrado hubiera sido diligente. Es decir, la diferencia radica en la gravedad de la prevaricación y por tanto, de la injusticia aplicada en la resolución. 

En el primer caso, de prevaricación judicial dolosa se imponen las siguientes penas:

- Se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

- Se castiga con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.

- Se castiga con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Y, para el segundo supuesto de prevaricación judicial culposa, se imponen las siguientes penas: 

- Se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años cuando incurra en  imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta.

Así mismo, cabe mencionar las penas impuestas en caso de negarse a juzgar sin justa causa o se de retraso malicioso, supuestos en los que a pesar de no dictarse resolución injusta se encuentran regulados en nuestro Código Penal dentro del apartado de Prevaricación judicial: 

- Se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años (i) cuando se niegue a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley y (ii) cuando sea culpable de un retardo malicioso en la Administración de Justicia, entendiendo por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.

Como ejemplo de retraso malicioso podemos mencionar la invención de trámites procesales que no son exigidos por Ley. 

En definitiva, cuando se comete el delito de prevaricación judicial, además de producirse una perturbación contra la Administración Pública, se está menoscabando el derecho a obtener una resolución, valga la redundancia, fundada en Derecho, en la cual el Juez o Magistrado ha impuesto su voluntad y criterio ante la interpretación válida de la Ley. 

Las noticias en la prensa vienen cargadas habitualmente con escándalos de corrupción. Asimismo, observamos a diario situaciones en las que uno o varios funcionarios o cargos públicos obtienen dinero por hacer o dejar de hacer algo que favorece a quien realiza el pago. Suele suceder que ese pago lo realiza, directa o indirectamente, un contratista del Estado o de alguna de sus administraciones. 

Estos actos delictivos vienen perseguidos por el Código Penal mediante la configuración del delito de cohecho. En síntesis, decimos que el cohecho es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente.

El cohecho se configura de varias formas:

1.- Pasivo propio: Realizar en el ejercicio del cargo una acción u omisión constitutiva de delito (ya sea un delito contra la Administración Pública o no).

2.- Pasivo impropio: Consiste en admitir dádivas o regalos que le sean ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. 

3.- De recompensa o subsiguiente: Se solicita o recibe una recompensa por una conducta ya realizada o una decisión tomada. 

4.- En consideración del cargo: Admisión de dádiva o regalo realizado en consideración de su cargo o función, sin que ello comporte la realización de un acto concreto. 

En todos estos casos, si se consigue probar los hechos, el funcionario o la autoridad corrupta deberá afrontar una pena de cárcel. Con este redactado se exige que se demuestre la realización del acto concreto constitutivo del cohecho y la entrega de dádiva a cambio. La prueba de todo ello no resulta especialmente fácil para las autoridades. 

Hay una tendencia actual en considerar que en lugar de exigir la prueba de los hechos y la entrega de la dádiva baste la mera existencia de signos externos de riqueza cuyo origen no pueda acreditarse. Sin embargo, nuestro legislador ha preferido evitar esta consideración del delito y, a pesar de las reformas y de los escándalos prefiere el camino de prueba más tortuoso para los investigadores. 

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