Es imprescindible establecer mecanismos para evitar que más
familias pierdan sus viviendas y se encuentren desamparadas. Cumpliendo por
tanto con el objeto de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que indica en
su artículo 1 el propósito de que toda persona tenga acceso a una vivienda
digna y adecuada, se trata de un derecho constitucional que hemos visto
truncado en miles de ocasiones.
Para encontrar una solución de forma inmediata, deben tenerse
en cuenta diversos factores y dificultades de las familias, dando soluciones
concretas para problemas concretos. En estos últimos tiempos hemos oído
diversas propuestas, algunas que parecen ser factibles y otras que son totalmente
inviables.
Empezando por una medida inviable, me atrevo a analizar las
consecuencias de paralizar todo desahucio sin establecer otras vías. Es
evidente que el principal
propósito, por no decir el único, de un banco al conceder un préstamo es el del
recuperar el capital prestado y los rendimientos correspondientes por el tiempo
del préstamo (el interés). Con el cumplimiento de este propósito, el banco
puede mantener su actividad económica y continuar concediendo préstamos.
El
rechazo a la ejecución hipotecaria es la renuncia a que los bancos continúen
concediendo préstamos y aceptando como garantía una vivienda. Por ello, si las
viviendas no serán aceptadas como garantía hipotecaria, ante la imposibilidad
de ejecución por impago, el valor hipotecario de las viviendas será cero. Entonces,
los ciudadanos no podremos acceder al crédito cuando lo único que podamos
ofrecer como garantía sea la propia vivienda. Por
este motivo, la banca se siente incómoda al encontrarse en un terreno de
incertidumbre.
Desde
mi perspectiva, las medidas deben enfocarse hacia otra dirección, se deben establecer
mecanismos que permitan el acceso a viviendas de alquiler social para estas
familias, con un precio marcado y adaptado a las circunstancias reales de las
personas. Esta medida parece ser más viable que la anterior, además, impulsar el
mercado de alquiler debería reducir en gran medida el número de viviendas que
se encuentran vacías.
Las medidas propuestas en el programa político de
“Barcelona en Comú” están enfocadas a la prevención de los desahucios, a la
promoción del alquiler social, a la posible aplicación del derecho de tanteo y
retracto, al apoyo, atención y seguimiento a
los caseros particulares afectados por impagos de alquiler y en última
instancia, al realojo adecuado, en caso de no poder detener el
desahucio. Todo indica que se va a proclamar como Alcaldesa a Ada Colau,
entonces será el momento de comprobar cómo se aplican estas medidas y de
valorar su efectividad.
Por ahora, la evidencia está en la gran capacidad que
tienen los Ayuntamientos para respaldar a estas familias que pasan por
situaciones inhumanas, deberían actuar de intermediarios en estas situaciones
para conseguir mediar con el banco buscando soluciones como pueden ser la
renegociación de la deuda.
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